En una verdadera democracia los espacios públicos se configuran por medio de las prácticas y vivencias que la ciudadanía realiza en ellos y donde ésta se identifica como colectivo, se expresa libremente y los ciudadanos se reconocen los unos a los otros como participantes de procesos de decisión y deliberación en igualdad y libertad. En estos espacios físicos se configuran prácticas que van generando una identidad colectiva que da lugar a la conversión de la masa informe en un grupo organizado que reclama para sí el poder de decisión y la soberanía. El espacio público no es sólo un lugar que recibe tal consideración por la procedencia de los fondos para su construcción material sino por las prácticas colectivas que se realizan en ellos para su construcción simbólica. Una plaza por mucha financiación vía impositiva que ha recibido para su edificación no es un lugar público hasta que un colectivo le da un significado compartido y se apodera simbólicamente del mismo. Cualquier esquina, plaza o calle puede convertirse en un "ágora" donde se construye la democracia y donde se produce un proceso de empoderamiento público de las personas que deciden presentarse en la misma como iguales y libres. La privatización de estos lugares "públicos" no viene dada entonces por medio de su dependencia de fondos privados o su conversión en lugares restringidos sino por medio de la coacción física que se realiza en los mismos a través de las fuerzas de seguridad del Estado y de la administración y que impiden o imposibilitan la apropiación simbólica de los mismos y el desarrollo de prácticas horizontales en su seno que construyen la democracia. Por ello, esos actores represores no defienden el espacio público de "alteraciones" del mismo sino que impiden su verdadera construcción. Privatizan la democracia y recortan el poder y la soberanía. ¿Con qué finalidad? El empoderamiento del pueblo aterroriza a los detentadores del poder y de la ideología de la clase dominante. Los procesos que quiebran las reglas, estructuras y relaciones jerárquicas de poder pueden llegar a plantearse la construcción de una contrahegemonía que llegue a posibilitar el derrocamiento del orden existente y la construcción de uno nuevo. El desalojo violento de una plaza o la "disolución" de una manifestación va más allá de un simple mantenimiento del orden si no que supone el mantenimiento del propio sistema. Se podría decir que la privatización, la pérdida de derechos e incluso el primer mecanismo del sistema capitalista está en la porra de los antidisturbios.